En una sentencia contundente, el tribunal ha condenado al Ayuntamiento de Ondarroa a indemnizar con 51.021 euros a un empleado municipal por los daños y perjuicios sufridos debido a la falta de medidas preventivas contra el acoso que padecía. El trabajador llevaba años enfrentándose a una situación de hostigamiento por parte de su superior jerárquico, sin que el Consistorio interviniera para protegerlo.
Los hechos se remontan a 2020, cuando el nuevo encargado asumió el mando en el departamento donde trabajaba la víctima. Desde ese momento, el empleado sufrió constantes desavenencias que derivaron en una situación de estrés extremo, obligándolo a tomar una primera baja por ansiedad en diciembre de ese mismo año.
En septiembre de 2022, el trabajador denunció formalmente la situación ante el Ayuntamiento. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, la Administración local prolongó su inacción. Dos meses después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció la incapacidad temporal del afectado como consecuencia de un accidente de trabajo derivado de su entorno laboral hostil.
A pesar de los reiterados avisos, no fue hasta mayo de 2023 cuando la Inspección de Trabajo emitió un requerimiento instando al Ayuntamiento a implementar medidas preventivas. No obstante, la primera reunión con el afectado no se llevó a cabo hasta junio de 2024, según denuncia el sindicato ELA. Además, un informe elaborado por una empresa externa confirmó la existencia de un conflicto escalado, lo que evidenció la negligencia de la Administración en la protección de sus empleados.
La sentencia establece que el Ayuntamiento de Ondarroa incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos psicosociales, lo que representa un grave precedente en la lucha contra el acoso laboral dentro del sector público. La pasividad institucional ante este tipo de denuncias no solo afecta la salud mental y física de los trabajadores, sino que también perpetúa una cultura de impunidad dentro de las organizaciones.
La verdadera responsabilidad recae en las instituciones: prevenir el sufrimiento de sus empleados y garantizar un ambiente de trabajo digno y seguro para todos.
(Este artículo ha sido extraído del periódico ELCORREO)
