El confinamiento es una medida de protección de la salud pública, pero su impacto en las personas no es neutro, desde la perspectiva de género.
Las mujeres ocupan estadísticamente un porcentaje mayor en el trabajo profesionalizado de los cuidados, servicio doméstico y son más desempleadas y vulnerables, económicamente. Por ello organismos internacionales alertan e insisten en la integración transversal de la perspectiva de género en todas las políticas, programas o medidas para combatir el COVID-19.
Por otro lado, en esta situación, la violencia de género, junto a otros riesgos laborales debuta, en su versión doméstica, en el contexto laboral del teletrabajo y se coloca entre los riesgos de género emergentes del siglo XXI, que llegaron con el COVID-19 y su confinamiento. Aunque realmente este riesgo siempre ha estado ahí, su incidencia era tan escasa como la infrautilización del teletrabajo en España, pero el auge del trabajo domiciliar va a exigir una mirada diferente en una disciplina que debe adaptarse a la salud laboral de toda la población, y no solo de una mitad.
