Imposición de una sanción de 36 meses de suspensión de empleo y sueldo a una interina que presta servicios como gestora procesal por su retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones. Se anula la sanción impuesta por desobediencia pues en el expediente se acredita la falta de capacidad de la recurrente, por lo que, si no podía comprender las instrucciones de su superior, difícilmente podía tener intención de desobedecerle. La sancionada ha sido posteriormente declarada en situación de incapacidad total para su profesión habitual por ciertas trastornos psicólogos que venía padeciendo desde hace varios años, lo cual ha impedido su rendimiento laboral normal, si bien ello no la exonera de responsabilidad, pues conociendo su dolencia debió acudir al médico para que le diera la baja.
El TSJ Madrid estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que se anula en parte y se impone una sanción disciplinaria de 36 meses de suspensión de empleo y sueldo como autora de una falta grave.
