En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las familias monoparentales a ampliar el permiso de maternidad de 16 a 26 semanas para evitar la discriminación de los menores recién nacidos. Este fallo, que afecta a una empleada pública –profesora en Valladolid–, sienta un precedente al interpretar el Estatuto del Personal Público desde la perspectiva del interés superior del menor y la igualdad por razón de nacimiento.
La resolución responde a un recurso presentado por la madre tras el rechazo inicial de su solicitud por parte de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid. La sentencia, número 1612/2024 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, concluye que el permiso de maternidad en familias monoparentales debe ser extendido para equipararlo con el que recibiría un recién nacido en una familia biparental, evitando así una clara desigualdad.
El tribunal justifica su decisión en que cualquier diferencia de trato entre menores, según el tipo de familia en que nacen, sería una forma de discriminación. En familias monoparentales, los bebés tendrían menos tiempo de cuidado parental, lo que les privaría de una atención adecuada en una etapa crítica de su desarrollo. El Supremo argumenta que esta diferencia no puede justificarse legal o socialmente, ya que el derecho a la protección y el cuidado debe ser igual para todos los menores, independientemente de su contexto familiar.
El Tribunal Supremo ha basado su fallo en los artículos 14 y 39 de la Constitución, que protegen el principio de igualdad y el interés superior del menor. Esta interpretación se ajusta a los estándares internacionales y a la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación, especialmente cuando se trata de garantizar el derecho fundamental al cuidado y protección en los primeros meses de vida.
Sin embargo, la sentencia también pone de relieve una desigualdad aún existente: mientras algunos cuerpos como la Policía Nacional ya han reconocido este derecho para sus agentes sin necesidad de litigios, en otras profesiones sigue siendo necesario recurrir a los tribunales para lograrlo. Esta disparidad resulta inexplicable desde una perspectiva social y legal, ya que se trata de situaciones idénticas que, en teoría, deberían ser tratadas de la misma manera.
(Fuente original del extracto: Revista jurídica online Economist & Jurist)
