El Ayuntamiento de Telde ha sido condenado por el Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria tras su inacción ante la denuncia de acoso laboral presentada por un agente de la Policía Local. La sentencia evidencia una grave negligencia en la gestión de los riesgos psicosociales dentro del cuerpo de seguridad municipal y pone de manifiesto el incumplimiento del protocolo de actuación frente a este tipo de situaciones.
El agente, quien interpuso la denuncia en diciembre de 2022 tras verse forzado a una baja médica, alegó que la presión laboral a la que estuvo sometido se remonta al año 2015. Según la resolución judicial, el origen del conflicto se encuentra en un informe realizado por el denunciante en el marco de un procedimiento judicial que involucraba al cuerpo de seguridad local y que podría haber supuesto una indemnización municipal de 220.000 euros. Dicho informe fue cuestionado por la Jefatura de la Policía Local, lo que desencadenó años de hostigamiento, menoscabo profesional y obstrucciones administrativas contra el agente.
La sentencia subraya que el Ayuntamiento de Telde no solo no actuó diligentemente para prevenir y mitigar la situación de acoso denunciada, sino que tampoco cumplió con los protocolos establecidos para la evaluación de riesgos psicosociales. Se constató que la corporación municipal no llevó a cabo la evaluación requerida por su propio reglamento y que la gestión de la denuncia fue deficiente en términos de prevención de riesgos laborales.
Pese a que la Inspección de Trabajo requirió al consistorio evaluar los riesgos psicosociales en la Policía Local, no se adoptaron medidas preventivas ni se emitió resolución alguna sobre el protocolo activado a raíz de la denuncia del agente hasta la fecha del juicio, celebrado en diciembre de 2023. Esta omisión empresarial ha sido calificada en la resolución como un «fracaso en la prevención».
El fallo judicial obliga al Ayuntamiento de Telde a implementar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Asimismo, se le impone el pago de una indemnización de 20.000 euros al agente afectado. No obstante, el demandante ha considerado esta cuantía insuficiente, dado que en su reclamación inicial solicitaba una compensación de más de 134.000 euros.
(Este artículo ha sido extraído del diario digital elDiario.es)
