La denuncia interpuesta por una neuróloga contra la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha vuelto a situar en el centro del debate la persistencia del acoso laboral y la inacción institucional en el ámbito sanitario. Este caso, que involucra a una especialista con una trayectoria consolidada en el Hospital La Fe de Valencia, expone la vulnerabilidad de los profesionales de la salud ante dinámicas de poder que, lejos de erradicarse, parecen perpetuarse en estructuras jerárquicas rígidas.
Desde 2006, la demandante ha estado vinculada a la unidad de esclerosis múltiple del Hospital La Fe. Sin embargo, su relación con el coordinador de la unidad comenzó a deteriorarse a finales de 2020, cuando obtuvo la prestigiosa beca Juan Rodés del Instituto de Salud Carlos III. Este reconocimiento le confería mayor autonomía en la investigación y asistencia a pacientes, algo que, según la denuncia, generó fricciones con su superior inmediato.
El conflicto escaló rápidamente, materializándose en diversas acciones de represalia. Según la neuróloga, estas incluyeron faltas de respeto, retirada del acceso a pacientes, exclusión de congresos y robo de la autoría de publicaciones científicas. Además, se le habría privado de la llave del laboratorio y apartado de facto del equipo de investigación. Pese a buscar amparo dentro del hospital y de la administración sanitaria, la doctora denuncia que se encontró con una alarmante inacción por parte de las autoridades competentes.
Fue entonces, en julio de 2024, tras cuatro años de intentos fallidos por frenar lo que describe como un hostigamiento sistemático, cuando la neuróloga decidió interponer una demanda contra la Consejería de Sanidad. En ella, se acusa a la Generalitat Valenciana de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de violación de derechos fundamentales. Como reparación, reclama una indemnización de 89.181 euros por daños morales.
Desde su actual residencia en Estados Unidos, donde se encuentra realizando una estancia como investigadora, la demandante confiesa que parte de su decisión de trasladarse estuvo motivada por la necesidad de alejarse del ambiente hostil en el que se había visto atrapada. “Vine en parte para escapar”, declara, manteniendo en reserva su identidad por temor a represalias.
Uno de los episodios más reveladores de este caso se produjo en una reunión celebrada en 2024 entre la demandante y el gerente del hospital. En dicho encuentro, la neuróloga expresó su deseo de reincorporarse a la unidad de esclerosis múltiple. No obstante, según la denuncia, su anterior superior reaccionó amenazando con disolver la unidad si su regreso se concretaba. Esta actitud, lejos de ser sancionada, pareció ser respaldada por la administración, que argumentó la necesidad de preservar el estatus del centro como Centro, Servicio o Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud.
Ahora, tras la finalización de su beca, la neuróloga sigue sin recuperar su plaza en el hospital, a pesar de que los beneficiarios de este programa tienen garantizada su estabilización en el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana. Según el director científico del Instituto de Investigación del mismo centro, la doctora debería ser reintegrada en la unidad, ya que la normativa vigente obliga a estabilizarla con las mismas condiciones previas: 50% tarea asistencial y 50% investigación.
El caso también adquiere una dimensión de género, ya que la doctora ha denunció ante el subcomité de igualdad del hospital que su exclusión responde a una dinámica de discriminación machista dentro del centro. Según su testimonio, el hostigamiento del que ha sido víctima no solo responde a una lucha de poder, sino también a un sesgo de género en la gestión del equipo.
Según datos del servicio de riesgos de la Consejería de Sanidad, en 2023 se registraron 29 conflictos laborales en centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, de los cuales 14 tuvieron lugar en el Hospital La Fe. Esta cifra pone de manifiesto la persistencia de problemas estructurales dentro del sistema público de salud y la aparente falta de mecanismos efectivos para prevenir y sancionar estos abusos.
(Este artículo ha sido extraído del diario digital elplural.com)
