El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ha confirmado la condena que obliga al Gobierno regional a indemnizar con 8.000 euros a una médica del centro de salud El Puerto, en Coslada. La profesional sanitaria llegó a atender hasta 64 pacientes en un solo día, circunstancia que vulneró su derecho fundamental a la integridad física y psíquica, según establece la sentencia.
Esta resolución judicial se suma a cerca de un centenar de fallos previos en la misma línea, lo que evidencia un problema estructural en la atención primaria madrileña derivado de la falta de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente, hay más de 1.000 demandas en curso que podrían generar nuevas indemnizaciones contra la administración pública.
La sentencia expone que la Comunidad de Madrid no solo incumplió las normativas en materia de prevención de riesgos laborales, sino que, además, infringieron el artículo 15 de la Constitución Española, que protege el derecho a la integridad física y psíquica de los trabajadores. La sala desestimó el recurso del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que alegaba la prescripción del caso y que la infracción no alcanzaba el grado de «muy grave».
El tribunal consideró que la administración incurrió en una «conducta omisiva», al no implementar un plan de prevención adecuado para los profesionales de la atención primaria, lo que repercutió directamente en su salud laboral. En 2021, ya se había dictado una sentencia que instaba al Gobierno regional a poner en marcha «de forma inmediata» un plan de evaluación de riesgos, carga de trabajo y condiciones laborales de los médicos y pediatras. No obstante, según esta nueva resolución, dicho plan no ha sido efectivamente implementado.
Desde 2019, los sindicatos del sector sanitario han impulsado acciones legales para exigir la aplicación de un plan de riesgos laborales, promoviendo demandas individuales y colectivas. En noviembre de 2024, las principales organizaciones sindicales presentaron una demanda conjunta en la que solicitaron la declaración de un «conflicto colectivo por vulneración de derechos fundamentales» y una indemnización de cinco millones de euros, con una penalización adicional de 100.000 euros por cada día de demora en la implementación del plan.
Los sindicatos advierten que, si la totalidad de los profesionales afectados presentara reclamaciones similares, la Comunidad de Madrid podría enfrentarse a indemnizaciones por un valor aproximado de 120 millones de euros, lo que subraya la magnitud del problema y su impacto económico en la administración.
La Consejería de Sanidad ha sostenido que el plan de prevención de riesgos laborales existe desde 2019, aunque su implementación se ha visto retrasada por la pandemia y podría prolongarse hasta 2027. Sin embargo, los sindicatos cuestionan la veracidad de estas afirmaciones y alegan que los documentos presentados por la administración no son más que «un lavado de cara» sin aplicación real.
El pasado 9 de enero, la Consejería compareció ante el tribunal y obtuvo un aplazamiento hasta el 10 de abril para demostrar avances en la implementación del plan. No obstante, los representantes sindicales insisten en que los profesionales sanitarios continúan desprotegidos y que la administración está dilatando el proceso judicial con el objetivo de ganar tiempo.
(Este artículo ha sido extraído del periódico El País)
