El Tribunal Constitucional ha fallado por unanimidad a favor de un policía local de Torrevieja, víctima de un acoso laboral sistemático tras denunciar irregularidades en la gestión del dinero público dentro del cuerpo policial. La sentencia, con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, reconoce la vulneración de su derecho a la integridad moral (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
La resolución responsabiliza tanto al Ayuntamiento de Torrevieja como al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El consistorio permitió un ambiente de hostigamiento institucional contra el agente, sin adoptar medidas para frenar la situación. Por su parte, el TSJCV erró al no aplicar la jurisprudencia constitucional sobre la carga de la prueba, lo que debilitó la protección judicial del denunciante.
Entre los hechos probados se encuentran cambios arbitrarios de turnos, denegaciones injustificadas de permisos, desaparición de documentos personales y la difusión de datos médicos privados del agente. Estas represalias comenzaron tras su denuncia por el manejo irregular del dinero recaudado por multas y las inspecciones sesgadas en locales de ocio.
El fallo anula la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo ontencioso-Administrativo del TSJCV, que había desestimado el caso, y restablece la validez de la sentencia inicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, que reconoció el acoso y condenó al ayuntamiento a indemnizar al agente con 95.816,22 euros.
(Este artículo ha sido extraído del periódico digital el Confilegal)
Para conocer todos los detalles del caso, puede consultar la sentencia completa en el siguiente enlace.
