El reciente fallo del Juzgado Social nº 2 de Tarragona pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar las políticas preventivas contra el acoso laboral y los riesgos psicosociales en el ámbito empresarial. La sentencia ha condenado a una empresa del sector químico a indemnizar con más de 1,1 millones de euros a la familia de un empleado que, en mayo de 2020, se suicidó tras sufrir un grave estado de «ansiedad y angustia vital» derivado de su actividad laboral como gerente y responsable de producción.
El caso, que ha conmocionado al entorno laboral y jurídico, subraya cómo la ausencia de una evaluación adecuada de los riesgos psicosociales, junto con la falta de medidas de vigilancia de la salud, puede tener consecuencias devastadoras. La jueza responsable del fallo remarcó que “la gestión de los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo no es solo una obligación moral y una buena inversión para los trabajadores, sino también un imperativo legal”.
Un contexto laboral insostenible
El tribunal demostró que el empleado sufría estrés extremo debido a la «intensa carga laboral», agravada por la crisis de la pandemia y las complicaciones legales relacionadas con la empresa. Estos factores crearon un ambiente laboral tóxico que fue identificado por todo el personal de la fábrica, sin que se tomaran medidas por parte de la empresa para aliviar la situación.
En 2022, este suicidio ya había sido reconocido como accidente laboral, una decisión histórica que reflejó la conexión directa entre las condiciones de trabajo y la salud mental del empleado. La sentencia actual refuerza esa perspectiva al señalar las graves carencias en materia preventiva, que pudieron haber evitado esta tragedia.
Obligaciones ineludibles: Una llamada de atención para las empresas
Este caso es un recordatorio contundente de que las empresas tienen el deber imperdonable de velar por la salud física y mental de sus empleados. Según Pilar Casas, abogada de la familia, “esta sentencia reitera que el incumplimiento de estas obligaciones sigue siendo una realidad alarmante, como lo demuestran los datos de siniestralidad laboral”.
Desde el Observatorio Vasco contra el Acoso y la Discriminación, instamos a las empresas y organizaciones a implementar protocolos claros y efectivos para la evaluación y gestión de los riesgos psicosociales, así como a promover un clima laboral respetuoso y saludable. La salud mental de los trabajadores no es negociable y debe ser una prioridad para prevenir tragedias evitables como esta.
Actuar ahora: Un compromiso colectivo
La lucha contra el acoso laboral y la discriminación no solo requiere marcos legales sólidos, sino también un compromiso ético y social de todos los actores implicados. Casos como este evidencian la importancia de sensibilizar y formar tanto a trabajadores como a empleados para identificar y mitigar los riesgos psicosociales antes de que sea demasiado tarde.
Este trágico suceso debe ser un punto de inflexión para construir entornos laborales más humanos, donde se respete y proteja la integridad de cada trabajador. Porque cada vida cuenta, y es responsabilidad de todos asegurarnos de que ninguna más se pierda a causa del acoso o la negligencia laboral.
(Noticia extraída del diario digital elmundo.es)
