El reciente despido de un actor del elenco de La gaviota, producción del Centro Dramático Nacional (CDN), pone en el centro del debate un tema incómodo pero urgente: la respuesta institucional al acoso sexual en el ámbito cultural. Este caso, que surgió tras una denuncia de miembros del equipo artístico, fue manejado con rapidez por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). Sin embargo, la decisión de no hacerlo público inicialmente ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y el compromiso ético de las entidades culturales.
El 29 de octubre, el CDN recibió una denuncia por acoso sexual y, en respuesta inmediata, activó el Protocolo de Acoso Sexual del Ministerio de Cultura. Al día siguiente, tras una investigación interna, el actor denunciado fue despedido y se suspendió la función programada esa misma tarde. Las representaciones continuaron con normalidad el 31 de octubre, sin que las razones de los cambios en el reparto trascendieran al público general.
A pesar de la aparente celeridad de las instituciones, el caso cobró relevancia pública cuando carteles en las puertas del Teatro Valle-Inclán acusaron al CDN de «esconder» la denuncia y «ser cómplice».
En medio de las acusaciones, la actriz Macarena Sanz, parte del elenco de La gaviota, explicó en redes sociales que las víctimas solicitaron explícitamente que no se hiciera público el caso para preservar su intimidad. En su mensaje, defendió el apoyo recibido por parte del CDN y el Inaem, destacando la «respuesta ejemplar» de las instituciones al sustituir al agresor de manera inmediata.
El Inaem, por su parte, confirmó que la confidencialidad se respetó siguiendo el deseo de las personas afectadas y en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos.
(Fuente original del extracto: El periódico El País)