El Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Gorliz a indemnizar con 30.000 euros a una agente de la Policía Municipal.
La decisión judicial se basa en la falta de medidas preventivas del consistorio ante una situación de acoso laboral perpetrado por uno de sus compañeros.
La fundación Bidelagun, promovida por la central sindical ELA para la promoción de la Salud Laboral, informó que la agente denunció repetidamente el comportamiento hostil que sufría, el cual socavaba su integridad y profesionalidad. La sentencia destaca la inacción del Ayuntamiento, subrayando el incumplimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales.
Bidelagun señala que estos incidentes ocurrieron bajo el anterior equipo de gobierno del PNV, mientras que la actual administración de Gorliz Bizirik ha mostrado apoyo a la trabajadora, facilitando su reincorporación segura al puesto.
(Fuente original del extracto: El diario digital Infobae).
