El Juzgado de lo Social n.º 14 de Sevilla ha ratificado la procedencia del despido de Juan Miguel González, exdirector técnico y número dos del organismo europeo de investigación Life Watch, por acoso sexual hacia una trabajadora. La sentencia, describe conductas que el magistrado ha calificado como «claramente degradantes y ofensivas» dentro de una relación jerárquica.
La resolución judicial considera acreditado que González realizó insinuaciones sexuales, comentarios inapropiados y propuestas de contacto físico no deseado hacia una subordinada. Entre las conductas más graves recogidas en la sentencia, destaca la propuesta de inseminación para tener un hijo «con altas capacidades», una afirmación que evidencia un abuso de poder inaceptable.
El tribunal también se hace eco del clima de trabajo tóxico que el exdirectivo generó en la organización, donde dirigía un equipo de 47 científicos en Sevilla. Diversos testigos han descrito un entorno marcado por la humillación, el menosprecio público y el uso de un tono agresivo con sus subordinados, lo que derivó en un ambiente laboral hostil e intimidatorio.
La entidad Life Watch llevó a cabo una investigación interna que culminó con el despido de González en mayo de 2023. La decisión ha sido avalada por el juez Carlos Javier Galán, quien ha calificado la conducta del exdirectivo como «grave y culpable», justificando así su cese. Pese a la contundencia del fallo, González ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Actualmente, el exdirectivo sigue ejerciendo como funcionario en el Ministerio de Ciencia, organismo que ha manifestado que la sentencia no tiene implicaciones penales ni disciplinarias al enmarcarse en el ámbito del derecho laboral.
No es la primera vez que González se enfrenta a acusaciones de esta naturaleza. En 2010, una científica de la Estación Biológica de Doñana lo denunció por acoso laboral. Sin embargo, la demanda fue desestimada por falta de testimonios que la respaldaran.
Aunque Life Watch también señaló presuntas irregularidades en la contratación de personas cercanas a González, como su esposa, un primo y una amiga de su mujer, el juez ha considerado que la falta de una política clara de contratación en la entidad impide valorar estas alegaciones en el ámbito judicial.
(Este artículo ha sido extraído del periódico andalucía información)
