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El pasado 12 de febrero, tuvo lugar la primera reunión entre representantes sociales y el Ministerio de Trabajo para abordar la revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dentro de este contexto, tanto el PSOE como Sumar han manifestado su compromiso de «actualizar» esta legislación, una perspectiva respaldada por un grupo de cien expertos en la materia, quienes enviaron una carta al Ministerio de Trabajo el 3 de noviembre, según pudo confirmar EL PAÍS.

En dicha comunicación, los expertos destacan la necesidad de una mayor protección contra los riesgos psicosociales, la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo, la atención a los desafíos planteados por la inteligencia artificial y los algoritmos, así como la inclusión y la igualdad en el ámbito laboral. Los firmantes de la carta, provenientes de diversas universidades españolas, entre ellos Cristobal Molina Navarrete, miembro del Observatorio Vasco Sobre Acoso y Discriminación, instan a una revisión de la normativa actual, que consideran como un marco de referencia a nivel europeo pero que requiere de actualización y adaptación a los modelos productivos contemporáneos.

Entre las prioridades identificadas por los expertos para esta revisión se encuentran la prevención de enfermedades laborales, la gestión de riesgos químicos, la mejora de la salud en el lugar de trabajo, la atención a trastornos musculoesqueléticos y mentales, así como una perspectiva de género en la seguridad laboral. Asimismo, se recomiendan medidas para fortalecer la aplicación efectiva de la ley, como el cumplimiento de requisitos de la administración pública en materia de prevención de riesgos laborales, el fortalecimiento de los servicios públicos de prevención y una mayor asignación de recursos para la inspección laboral.

Los expertos también enfatizan la importancia de abordar los riesgos psicosociales, proponiendo un enfoque similar al implementado en Australia, que incluye el desarrollo de códigos prácticos y la exigencia de medidas de control por parte de las empresas. Además, se destaca la necesidad de adaptarse a los nuevos desafíos del mercado laboral, como la evolución demográfica, el cambio climático y la introducción de nuevas tecnologías.

Por último, se hacen llamados específicos para garantizar el derecho a la desconexión digital, proteger a los trabajadores del acoso derivado de sistemas de reputación empresarial, abordar los impactos negativos del teletrabajo y atender a los grupos más vulnerables en el ámbito laboral.

 

Noticia extraída del periódico El País.

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