María Pérez ha ganado dos juicios contra la Junta de Andalucía, se ha defendido a sí misma y ha obtenido el respaldo del Defensor del Pueblo andaluz.
Cuando María Pérez —nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato― se quedó embarazada en 2019, no podía imaginar que, en pleno siglo XXI y estando empleada en instituciones públicas, su situación podía generarle dos casos casi seguidos de discriminación por razón de sexo, debido a su estado de gestación. En 2020, una jueza reconoció que cuando el presidente del Consejo Audiovisual, del que ella era secretaria, la despidió, justo al enterarse de su embarazo, lo hizo de manera improcedente. En enero de este año, otro juez ha obligado a la Consejería de Empleo, donde entró a trabajar tras abandonar el Consejo Audiovisual, a pagarle el plus de productividad que le correspondía al estar de baja por riesgo de aborto y que la Junta de Andalucía le había denegado por considerarlo una enfermedad común. El magistrado sostiene que esa argumentación “constituye discriminación directa por razón de sexo” y “consagra una discriminación por razón de maternidad”.
“Resulta incomprensible y de vergüenza que personas que no creen en la igualdad estén en cargos tan importantes y que decidan directamente sobre los derechos de los funcionarios”, se lamenta Pérez. Desde que la despidieron el 3 de febrero de 2019 hasta hoy, ella ha perseverado en su empeño por desactivar las consecuencias de los efectos perversos e injustos de unas decisiones cargadas de “machismo”, como ella reconoce. Por eso, nunca la ha amilanado enfrentarse contra la maquinaria de la Administración que suele aplastar los recursos que se interponen ante ella. Ganó el primer recurso contra su cese, como avanzó este diario, y casi un año después lo ha vuelto a hacer en un más difícil todavía, ya que en el caso de los impagos por el complemento de productividad ella asumió su propia defensa contra la Consejería de Empleo. Algo de lo que presume.
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