La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante, o más comúnmente conocida como directiva que desarrolla los canales de denuncias, se producirá automáticamente, el 17 de diciembre de 2021, si no se ha realizado antes mediante la aprobación de la Ley interna.
La Directiva desarrolla el sistema mediante el cual las compañías privadas y del sector público deben impulsar herramientas y sistemas de control efectivos ante las denuncias internas. Esta nueva normativa afectará a entidades privadas de más de 50 empleados y, en el caso del sector público, la obligación se extenderá a todas las compañías.
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