Las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que hacer auditorías salariales que evalúen y valoren los puestos de trabajo con criterios «objetivos y adecuados» para evitar la brecha de género. Además, los planes de igualdad deberán inscribirse en el registro de convenios (hasta ahora no era obligatorio), pero solo podrán hacerlo las empresas que los hayan negociado.
Las empresas ya no podrán llamar ‘Plan de Igualdad’ a los documentos que no negocien con los sindicatos.
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