La lucha contra el acoso laboral y la discriminación en el ámbito público es una de las grandes asignaturas pendientes de las administraciones en España. A pesar de la existencia de protocolos en diversas comunidades autónomas, la evaluación real de su efectividad es un ejercicio aún poco frecuente. En este contexto, la Junta de Castilla y León ha presentado un informe detallado sobre el uso de su protocolo de violencia laboral interna, ofreciendo cifras y análisis que, si bien no están exentos de críticas, representan un ejercicio de transparencia en el panorama español.
Desde la promulgación de su protocolo en 2017, la Junta ha hecho un esfuerzo por registrar y evaluar las denuncias de violencia laboral interna, incluyendo acoso y discriminación. Aunque el número de casos reportados parece bajo —336 denuncias en siete años—, la transparencia con la que se presenta la información constituye un gran paso en el ámbito público, donde la mayor parte de las administraciones carecen de estudios cuantitativos sobre la eficacia de estos mecanismos.
Según los datos proporcionados por la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Castilla y León, de las 336 denuncias registradas, 149 casos fueron confirmados como situaciones de violencia laboral genuinas, lo que representa un 44% de las denuncias activadas. Esta cifra subraya la importancia de contar con mecanismos claros de evaluación y seguimiento, ya que sólo una parte de las denuncias llega a materializarse como un caso verificado de violencia laboral.
La distribución de estos casos varía entre los diferentes servicios públicos. Por ejemplo, en la Gerencia Regional de Salud, 92 denuncias fueron presentadas y, de esas, un 62% se confirmaron como casos de violencia interna. En contraste, otros departamentos como el de Medio Ambiente, Agricultura o Cultura presentan cifras significativamente menores.
Entre las formas de violencia más denunciadas, destacan las agresiones verbales o gestuales (120 de las 149 denuncias estimadas), seguidas por el acoso laboral (66 casos) y la discriminación (8 casos).
Otro aspecto crítico es la escasa adopción de medidas preventivas. La auditoría interna de 2024 revela que, en apenas el 25% de los casos tramitados, se adoptaron medidas para proteger a las personas afectadas. De hecho, en solo el 1% de los casos se tomaron medidas cautelares durante la fase de investigación. Además, la falta de seguimiento adecuado de las medidas adoptadas para resolver los casos resueltos pone en entredicho la efectividad del protocolo en cuanto a la prevención de futuros incidentes.
(Este artículo ha sido extraído de LARPSICO)
