La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado que una agente de la Policía Nacional fue víctima de acoso laboral continuado. Sin embargo, en su reciente sentencia, el TSJC ha reducido la indemnización otorgada a la afectada, pasando de 90.000 a 50.000 euros.
La sentencia confirma la condena al secretario general de la Comisaría de Puerto del Rosario por vulneración de derechos fundamentales, aunque absuelve al agente que inicialmente había sido declarado culpable por el Juzgado de lo Social Número 4 de Puerto del Rosario. El conflicto tuvo su origen en 2020, cuando la agente fue trasladada a Tuineje y asumió funciones que previamente desempeñaba un agente con menor categoría profesional. Esto provocó tensiones que derivaron en una dinámica laboral insostenible, intensificada por la actitud del superior jerárquico.
Durante más de un año, la agente enfrentó una serie de conductas que deterioraron su salud mental, llevándola a solicitar una baja por ansiedad en junio de 2021. A su regreso, en noviembre del mismo año, sus funciones fueron limitadas de manera significativa. Incluso se le despojó de su despacho y fue relegada a tareas de expedición de documentos, mientras su compañero asumía labores propias de un «jefe accidental».
La agente, representada por el abogado Antonio Frago, solicitó un traslado a Extremadura. Este cambio implicó ajustes significativos en su vida personal y familiar, incluyendo la reubicación de su hijo menor y la pérdida de complementos salariales como el de insularidad.
Con este fallo, el TSJC reafirma la necesidad de proteger los derechos fundamentales en el ámbito laboral, aunque la reducción de la indemnización ha suscitado críticas sobre la proporcionalidad de las reparaciones ante situaciones de acoso laboral grave.
(Noticia extraída del diario digital Infobae)
