Un funcionario del Ayuntamiento de León ha conseguido una indemnización de 150.000 euros tras una batalla judicial que ha sacado a la luz una grave situación de acoso institucional y discriminación. Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León, el abogado H.T.M., con más de 43 años de servicio, asumió desde 2014 las responsabilidades de tres empleados sin que la Administración local tomara ninguna medida efectiva para aliviar su sobrecarga laboral.
La sentencia establece que la pasividad del Ayuntamiento, pese a las reiteradas advertencias del afectado, fue la causante de un “daño continuado” para el trabajador. A lo largo de casi una década, H.T.M. se vio forzado a gestionar en solitario la asesoría jurídica del Consistorio, cubriendo las funciones de otros dos letrados que dejaron vacantes sus puestos. Uno de ellos falleció, y el otro estuvo de baja prolongada y luego en situación de servicios especiales, pero sus plazas no fueron cubiertas de manera adecuada.
El fallo judicial concluye que esta situación vulneró los derechos del abogado en materia de seguridad y salud en el trabajo, provocando un grave perjuicio para su integridad física y mental. A pesar de las denuncias y peticiones formales del funcionario para resolver la situación, la Administración no actuó hasta que él mismo cayó de baja temporal en 2022, lo que precipitó la contratación de dos letrados interinos. Para entonces, el daño ya estaba hecho.
El caso de H.T.M. va más allá de una simple sobrecarga laboral. La negativa inicial del Consistorio a concederle una prórroga en el servicio cuando cumplió 65 años, alegando «falta de lealtad» y «mala fe», es solo uno de los episodios que alimentan esta acusación.
A pesar del fallo favorable, la batalla legal no ha terminado. El Ayuntamiento de León ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuyo veredicto se espera en los próximos meses. H.T.M., que ha ejercido su propia defensa en este caso, afirma que la indemnización reconocida es solo una parte del perjuicio sufrido y critica que la Administración siga esquivando sus responsabilidades.
(Fuente original del extracto: El periódico El País)
