A principios de junio, una empleada denunció ser víctima de sumisión química durante una fiesta organizada por su empresa en Santander. Al regresar a Zaragoza, presentó un informe a la Policía sobre el incidente y posteriormente notificó a su superior. Tras comunicar lo sucedido, la joven fue despedida de su puesto de trabajo.
Los hechos ocurrieron durante un fin de semana, en el contexto de una convención de la empresa. La joven afirmó haber consumido solo una copa y, según su testimonio, se despertó desnuda, con marcas en las muñecas, dolor vaginal y un hematoma. Ante estos signos de abuso, realizó un autotest que resultó positivo a drogas y, en el hospital, se confirmó la presencia de cocaína y benzodiacepinas en su organismo.
Después del incidente, la joven, acompañada por un compañero de trabajo, informó a su superior. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, denuncia que su jefe la amenazó con armar un escándalo y, al día siguiente, la despidió. Su compañero, testigo de la denuncia, también fue despedido. La empresa alegó razones económicas para justificar ambos despidos.
La situación empeoró cuando, en un estado de alteración emocional, la joven rompió objetos y gritó, lo que resultó en una segunda carta de despido, esta vez por motivos disciplinarios. Ante estos hechos, ha interpuesto una demanda por despido improcedente, además de las denuncias por sumisión química y agresión sexual.
El abogado de la joven sostiene que la empresa carece de un protocolo de acoso sexual y que su clienta ha sido víctima de discriminación por razón de sexo. Este caso subraya la urgente necesidad de que las empresas implementen protocolos claros y efectivos para prevenir y abordar el acoso y la violencia de género en el entorno laboral. Es esencial que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias y que reciban el apoyo necesario para enfrentar estas situaciones.
(Fuente original del extracto: El periódico El País).
