El Ayuntamiento de Ponferrada se enfrenta a una condena significativa de 86.879 euros, resultado de un fallo judicial emitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Ponferrada. Esta decisión se basa en una demanda presentada por una empleada municipal en 2022, quien alegó la exposición a graves riesgos psicosociales en su lugar de trabajo, lo que constituyó una violación de sus derechos fundamentales en el ámbito laboral.
La sentencia establece una serie de compensaciones pecuniarias que el Ayuntamiento debe abonar, incluyendo copagos farmacéuticos, complementos de productividad impagos y compensación por días de baja laboral y tratamiento médico. Específicamente, se requiere al Ayuntamiento pagar 230.42 euros por copagos farmacéuticos, 7,578.72 euros por complementos de productividad impagos, 28,070 euros por daños físico-psíquicos debido a días de baja laboral, y 36,000 euros por días de perjuicio básico bajo tratamiento médico, psicológico y farmacológico.
Además de las compensaciones financieras, la sentencia también ordena al Ayuntamiento implementar medidas concretas para salvaguardar la salud y la integridad psíquica de la empleada. Esto incluye la identificación precisa de las tareas asignadas a la trabajadora, la evaluación de riesgos psicosociales en su puesto de trabajo, el establecimiento de un protocolo de resolución de conflictos y un seguimiento durante dos años de su proceso de reincorporación laboral para garantizar que no se exponga a riesgos adicionales.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Ponferrada enfrenta una condena relacionada con la vulneración de derechos fundamentales durante el mandato anterior del alcalde Olegario Ramón. En 2021, el Tribunal Supremo emitió una sentencia que obligaba al entonces alcalde a reconocer derechos previamente negados a la oposición municipal en pleno, particularmente en lo que respecta a la prestación de servicios y la asignación de cargos de confianza.
Esta serie de fallos judiciales destaca la importancia de cumplir con las normativas laborales y de prevención de riesgos en el ámbito municipal, así como la necesidad de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Noticia extraída del Diario de León.
